Desde EnbiciporMadrid, quisimos abrir esas sugerencias a nuestros lectores, que pudisteis opinar al respecto en este artículo durante una semana.
Varias de las sugerencias allí escritas, junto con las de otras asociaciones, han sido recogidas en el texto final que ayer presentó el Sr. Elorza, bastante distinto al original y que reproducimos a continuación.
El texto será discutido en la comisión de Seguridad Vial en un plazo de tres meses.
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOSEn nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la adopción de medidas de apoyo a la bicicleta en las ciudades, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad.
En el Palacio del Congreso, a 7 de octubre de 2013
EL DIPUTADO
ODÓN ELORZA GONZÁLEZ
PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
ODÓN ELORZA GONZÁLEZ
PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La bicicleta se ha asomado a nuestras ciudades y su utilización está empezando a modificar las pautas en favor de una movilidad sostenible. Las ventajas que aporta su uso para la ciudadanía y el funcionamiento de las ciudades están ampliamente contrastadas: humaniza la ciudad, calma el tráfico, mejora la salud de las personas, reduce la contaminación ambiental y acústica, ahorra energía fósil, promueve la igualdad, …
En la actualidad, la aplicación coherente de políticas integrales de transporte y desarrollo sostenible, la incidencia de la crisis económico-financiera en los hábitos de las personas, el precio del petróleo y la experiencia positiva sobre la bici que proyectan muchos ciudades del resto de Europa, junto a las ventajas antes apuntadas, son razones de peso para que en España el Gobierno se plantee la adopción de medidas normativas, políticas fiscales medio ambientales y procesos de participación, todo ello como impulso a la bicicleta y con el objetivo de favorecer un cambio de cultura ciudadana en materia de desplazamientos.
En la actualidad, la aplicación coherente de políticas integrales de transporte y desarrollo sostenible, la incidencia de la crisis económico-financiera en los hábitos de las personas, el precio del petróleo y la experiencia positiva sobre la bici que proyectan muchos ciudades del resto de Europa, junto a las ventajas antes apuntadas, son razones de peso para que en España el Gobierno se plantee la adopción de medidas normativas, políticas fiscales medio ambientales y procesos de participación, todo ello como impulso a la bicicleta y con el objetivo de favorecer un cambio de cultura ciudadana en materia de desplazamientos.
Lo cierto es que desde hace diez años y por parte de diferentes Ayuntamientos como los de Sevilla, Zaragoza, San Sebastián, Barcelona, Córdoba, Murcia o Vitoria, entre otros, y gracias a la acción de las asociaciones de ciclistas, ya se viene aplicando una política integral de movilidad sostenible en la que la bici se ha incorporado como un sistema con enorme potencial de crecimiento.
La cultura de la bicicleta, algo tan presente en muchas ciudades de Europa, ha llegado con retraso a nuestro país y exige de los gobiernos -en cada uno de los tres niveles administrativos- un apoyo normativo y político decidido así como una planificación urbanística de las ciudades que contemple las necesidades de la bicicleta. El objetivo es reducir la congestión del tráfico y potenciar alternativas frente al uso abusivo del coche en zonas urbanas.
Sin embargo, los hechos parecen demostrar que los distintos Ministerios no están apostando de manera coherente por un apoyo decidido a la bicicleta. Así por ejemplo, el Gobierno aprobó en su Consejo de Ministros del pasado 26 de abril un Real Decreto 294/2013 por el que se regulaba la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2013.
En su texto, la norma explica que “las medidas de impulso de vehículos eléctricos no pretenden solo fomentar tecnologías más eficientes y ecológicas, se trata además de facilitar una mayor utilización de este tipo de vehículos a efectos de contribuir a un mejor aprovechamiento de las energías renovables, favorecer la reducción de emisiones en los puntos de mayor concentración de las mismas y disminuir la dependencia de los productos petrolíferos, así como la oportunidad de situar a España en un lugar destacado en un mercado claramente emergente.
No se entiende, por tanto, la desacertada exclusión que el Gobierno hace de las llamadas "bicicletas eléctricas" entre los vehículos perceptores de las subvenciones que establece el citado Real Decreto. Es evidente que no ha tenido en cuenta razones como la de facilitar el acceso a barrios en zonas altas, la condición física o edad avanzada de potenciales usuarios o la existencia de cuestas y desniveles entre los viales. Frente a ello, las bicis de pedaleo por una pequeña batería recargable resultan una solución ideal para minimizar y superar esas dificultades en los desplazamientos por las ciudades, con un coste notablemente inferior al resto de vehículos eléctricos.
Por otra parte, estas bicicletas eléctricas, con sus correspondientes dispositivos para transportar pequeñas cargas, constituyen una excelente alternativa a los vehículos motorizados para el reparto de mercancías en espacios peatonales o históricos, como cada vez más se constata en otros países europeos.
Además, según establece una normativa europea aprobada el pasado diciembre, en los países de la Unión Europea una bici de pedaleo asistido con batería de hasta 250W -con la que no pueda superar los 25 km/h (conocido como "pedelec")- se considera una bicicleta asimilada a la convencional y por tanto no requiere licencia de conducción ni matrícula. Si ello añadimos que su consumo no llega a 0’5 kWh por cada 100 km, con una autonomía de 50 km, no hay un vehículo eléctrico particular en la ciudad que sea más eficiente energéticamente que una bici eléctrica. Cuestión añadida sería la de promocionar desde el Ministerio de Industria planes de diseño y producción propia de un modelo de bicicleta eléctrica por parte de las empresas españolas del sector.
El apoyo a esta modalidad de bicicleta eléctrica de pedaleo asistido en nuestras ciudades, bien para un uso particular o para ofrecer en los sistemas públicos de bicicleta de alquiler como ya sucede en San Sebastián, aporta las ventajas señaladas y contribuye a que la movilidad general sea más sostenible y eficiente.
Otro factor de preocupación es la falta de canales de diálogo y la inexistencia de un órgano de participación y concertación para abordar los retos de la bicicleta. De ahí que sorprenda la pretendida obligatoriedad del uso del casco en las ciudades, inicialmente para todos los ciclistas urbanos y ahora para los menores de 18 años, según la medida recién aprobada por el Consejo de Ministros con ocasión de su reforma de la Ley de Seguridad Vial. Se trataría de una decisión desproporcionada que desincentiva su utilización precisamente en las franjas de edad de los 15 a 18 años cuando los adolescentes suelen adquirir el hábito del uso de la bicicleta como medio de transporte. La obligación del uso del casco también en las ciudades es, además, una medida inexistente en la inmensa mayoría de los países europeos con mayor tradición ciclista en los entornos urbanos. Es evidente que con esta nueva regulación legal, de espalda a los usuarios, en lugar de promocionar la bici como medio de transporte se le ponen dificultades a su expansión.
Por último, Organizaciones europeas del sector como COLIBI (Asociación del sector de la bicicleta en Europa) COLLIPED (Asociación del sector de componentes y accesorios de los vehículos de dos ruedas), ETRA (Asociación europea de minoristas de bicicletas) , ECF (Federación de Ciclistas Europeos) o la propia ConBici ya en 2008 vienen proponiendo reducir el IVA de las bicicletas, de los productos relacionados y de los servicios derivados atendiendo a la función social de la misma. Así mismo, en distintas ocasiones la Unión Europea ha manifestado la necesidad de prestar especial atención a la reducción del IVA en las políticas comunitarias, como las relativas a proteger
el medio ambiente, a mejorar la movilidad o en aquellos servicios que cumplan una función social.
Sin duda, el tipo reducido de IVA supondría una sustancial rebaja en el precio final de las bicicletas. La motivación de un nuevo tipo impositivo se basa, en lo que respecta a las bicicletas urbanas (entre las que se incluyen las bicicletas de pedaleo asistido, más conocidas como eléctricas), en que su mayor uso disminuiría la utilización de vehículos motorizados y por tanto reduciría las emisiones de CO2, el ruido, la congestión en las calles y mejorarían el medio ambiente de las ciudades y la salud pública.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas en relación con el apoyo a la bicicleta como alternativa de movilidad sostenible:
1. Incluir en el Decreto correspondiente a 2014 la bicicleta eléctrica de pedaleo asistido mediante una batería, considerándola como uno más de los vehículos eléctricos que podrán beneficiarse de la concesión de subvenciones directas destinadas a su adquisición
2. Rebajar el IVA que se aplica en la venta de bicicletas convencionales y eléctricas de pedaleo asistido, pasando del 21% actual a un IVA reducido del 10 % para fomentar un medio de transporte no contaminante que produce importantes retornos y ahorros también evaluables económicamente.
3. Presentar en el plazo de tres meses un Plan Nacional de la Bicicleta de carácter estratégico, como existe en otros Estados Europeos, para promover su uso en las ciudades así como una cultura del transporte sostenible.
4. Constituir el Consejo Estatal de la Bicicleta como entidad de participación plural que acoja a los diferentes Ministerios implicados, entidades, asociaciones, empresas y colectivos del sector que permita el diálogo sobre el Plan y las nuevas normativas y realice funciones de impulso, coordinación y seguimiento de las acciones a poner en marcha.